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QUINTANA ROO  

La turbiedad del ITAIP

Fabiola Cortés
A tres años de su creación, el ITAIP ha tenido que enfrentar severos cuestionamientos por su inoperancia y su anquilosamiento, pero sobre todo, por el abuso de los recursos públicos, reflejado en desproporcionados aumentos salariales, autorización de bonos y privilegios excesivos, lo que convirtió a sus consejeros en una elite de la administración pública, con poco trabajo y una percepción anual que ronda los 1.5 millones de pesos.

 

 


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Fue el huracán Dean, que azotó la costa sur de Quintana Roo en agosto pasado,  el que recordó a los legisladores la urgencia de someter a revisión al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Quintana Roo (ITAIP), luego de que sus consejeros se adelantaran un bono por 58 mil pesos para poder hacer frente a los estragos dejados por el ciclón.

Este bono “de contingencia” fue el eslabón más frágil dentro de la cadena de abusos del dinero público, y el que provocó que la XI Legislatura considerara de urgente resolución la salida de los consejeros del ITAIP.         

Mario Rivero Leal, diputado panista e integrante de la Gran Comisión, asegura que con el consenso de los legisladores de todos los partidos se encargaría al Órgano Superior de Fiscalización del Congreso que realice una auditoría al Instituto de Transparencia; “en lo personal, y creo que cuento con el apoyo de mi fracción, pediremos la renovación de dos consejeros del ITAIP, sobre todo de su presidente, quien, se ha visto, ha actuado con dolo en el manejo de los recursos públicos”, afirma Rivero Leal.

Aunque justificadas y legales, las canonjías de las que gozan los consejeros del ITAIP resultaron poco éticas, además de que menguaron el prestigio de la institución, base de la participación ciudadana en los asuntos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Rosario de abusos y excesos  

Uno de los primeros escándalos del derroche lo protagonizó el consejero presidente, Carlos Bazán Castro, cuando en agosto de 2006 se reveló que durante el primer semestre de ese año, el funcionario había gastado 365 mil 410 pesos, por concepto de gastos médicos menores en clínicas y consultorios particulares; dato que no fue consignado en la página del ITAIP y que por ley debía haber sido registrado. 

Según un reporte emitido por la dirección de administración del ITAIP, de 822 mil 195 pesos erogados por el Instituto, de enero a junio, por concepto de gastos médicos menores, el abogado Carlos Bazán había empleado el 44.44 por ciento.

Días después de que se hicieran públicos los gastos médicos del consejero presidente, éste reconoció haberlos realizado para él y su familia por poco más de 360 mil pesos en el primer semestre de 2006, y por más de 100 mil pesos durante los meses de febrero y diciembre de 2005, lo que aumentaba la erogación a casi medio millón de pesos.

En su defensa, el funcionario aseguró que contaba con la documentación para comprobar los gastos y que sería responsabilidad de la Contraloría y del Órgano Superior de Fiscalización revisarlos y determinar la existencia de alguna irregularidad.

Justificó el empleo de estos recursos en virtud de un acuerdo aprobado en febrero de 2005 por la Junta de Gobierno del ITAIP, el cual beneficiaba a todos los trabajadores y, por lo tanto, a los propios consejeros, así como a sus familiares directos y dependientes.

El abuso

Bazán Castro explicó que dentro del presupuesto del Instituto de Transparencia se contaba con una partida de poco más de 1.3 millones de pesos para cuotas del ISSSTE, capital que se estaba destinando a cubrir lo relativo a gastos médicos y otras prestaciones sociales, pero que no se había destinado a ese Instituto debido a que no se podía concluir con los trámites de afiliación.

Cuestionado sobre si padecía alguna enfermedad, Carlos Bazán dijo que los gastos que había realizado los había hecho para cubrir “estudios clínicos y atención médica de mi señora madre”. Lo que resultó aún más criticable, ya que la beneficiada, Josefina Castro Ríos, es titular de la notaría número dos de Quintana Roo, es decir, tiene una de las 46 codiciadas minas de oro que son las notarías del estado, y por lo tanto su situación económica no parecía justificar el cargo al erario público de sus gastos médicos. 

Carlos Bazán alegó que “no existe paralelo. No encuentro comparación, se usó un derecho, no creo que porque tengas un patrimonio o cierta posición se debe pensar que, llegado el momento, lo destines a atender una enfermedad verdaderamente cara de la que nadie está exento; o pensar que las enfermedades caras deben ser para los ricos y las baratas para los pobres”.

El consejero presidente subrayó que hasta la fecha la suma total de lo erogado para gastos médicos es apenas de 15 por ciento del total del presupuesto que se destinaría al ISSSTE, las cuales no se han  podido realizar, ya que “me informaron que las incorporaciones a este Instituto están suspendidas, por lo que en agosto comenzamos con el proceso de incorporación al IMSS”.

“Me parece que los señalamientos que han hecho los legisladores no han llegado al fondo del asunto. Los diputados, por ejemplo, no se han preocupado por seguir el proceso de incorporación de los trabajadores al ISSSTE ni se han interesado en ver por qué no cuentan todavía con los beneficios que otorga la seguridad social, se han quedado en críticas que han respondido más a la animosidad de los medios de comunicación”, abundó el consejero.

Consejeros engordan sus sueldos y beneficios

Mientras el Instituto de Transparencia decidió reducir los gastos de viáticos para los notificadores, en mayo pasado se hizo público que sus tres consejeros se habían autorizado un incremento por 44 mil pesos, vía vales de despensa, lo que se suma a su percepción neta mensual de 61 mil 800 pesos.

Además, los tres funcionarios reciben mensualmente 2 mil pesos para gasolina, 2 mil pesos en gastos de representación y mil 500 pesos en gastos de telefonía celular, a los que se agrega un bono cuatrimestral por 39 mil 900 pesos. Adicionalmente, reciben dos mil 666 pesos de salario como ajuste de calendario y como pago de 40 días de aguinaldo, 82 mil 604 pesos, y 24 mil pesos por 12 días de vacaciones con goce de sueldo.

A lo anterior no sobra adicionar otros beneficios como un seguro de gastos médicos mayores por medio millón de pesos, un seguro de vida por otros 500 mil pesos y la disposición de un vehículo Malibú modelo 2005, cuyo costo fue de 169 mil pesos.

Al ser cuestionado sobre su percepción neta salarial, el consejero presidente aseguró desconocerlo: “No te sé decir con centavos de cuánto es;  lo que sí te puedo decir es lo que recibo, y aparece en mi tarjeta de nómina, y son 28 mil 600 pesos quincenales, libres de impuesto, más 2 mil 150 pesos quincenales en vales de despensa; pero es un sueldo integral, no tenemos dieta, ni compensaciones, ni apoyos extraordinarios que no graven impuestos”.

Los sueldos corresponden al tabulador del estado, “no se inventaron”, insistió. “Además, los gastos de representación, de gasolina y de celular no los puedes gastar en lo que tú quieras porque están fiscalizados”.

El dinero que no llegó

En junio de 2007, un nuevo señalamiento de utilización irregular de recursos puso al ITAIP en el blanco de los legisladores, cuando Radio Ayuntamiento, estación pública que opera en Cancún, negó haber recibido recursos de parte del Instituto de Transparencia con motivo de una campaña de difusión, toda vez que su propia constitución le prohíbe lucrar con los espacios publicitarios.

Itzia Ruiz Correa, titular de la radiodifusora, aseguró que ésta no había recibido ni un centavo de los 180 mil pesos que el ITAIP dijo haber programado en servicios de difusión.

Lo anterior fue reforzado por el tesorero del municipio de Benito Juárez, Juan José Ascencio Reynoso, y el oficial mayor, Alejandro Musi Letayf, quienes reiteraron que el gobierno municipal no había recibido ningún recurso o pago en especie por parte del Instituto de Transparencia por concepto de anuncios. Los funcionarios aclararon que Radio Ayuntamiento opera únicamente con recursos municipales, los cuales son autorizados a través del presupuesto de egresos del presente año.

Al respecto, el titular del ITAIP aseguró que el asunto se trató de una “malversación de la información”, y explicó que el documento que utilizó la prensa fue un “plan de investigación en medios”, el cual tenía asignado un presupuesto de 3.5 millones de pesos que finalmente no fue aplicado, en virtud del recorte aplicado, por el Congreso del estado, que redujo de 20 millones 400 mil pesos a 19 millones 600 mil pesos el presupuesto del ITAIP.

“En el caso de la supuesta compra de espacios en Radio Ayuntamiento, no fue otra cosa que un rubro que por tradición o por inercias del pasado no se corrige y aunque por tratarse de los sistemas oficiales no se puede realizar ningún cobro, viene un rubro que se denomina costo, pero que en realidad es una reposición de materiales, y fue esa parte la que se utilizó en los medios de comunicación para hacer parecer que nosotros habíamos presupuestado un pago”, justificó el servidor público.

Luego del recorte presupuestal, el ITAIP sólo etiquetó 400 mil pesos para gastos de promoción y publicidad.

"Bono de contingencia"

El episodio más reciente de excesos de los consejeros se dio unos días después del paso del huracán Dean, al entregarse éstos un bono por  58 mil pesos, equivalente a un mes de salario, y justificado como “bono de contingencia”.

El consejero presidentedel ITAIP, Carlos Bazán Castro, dijo que se trataba de un adelanto de un bono cuatrimestral, previsto dentro del presupuesto de 2007 del Instituto, el cual debía ser entregado en septiembre, pero, en virtud de la contingencia meteorológica, se acordó aplicarlo en agosto para que los empleados contaran con recursos adicionales para poder hacer frente a sus necesidades.

Carlos Bazán reiteró que los 26 trabajadores del Instituto se beneficiaron con el bono, y los tres consejeros no fueron la excepción. Insistió en que fue la Junta de Gobierno, integrada por los consejeros, la que decidió aprobar la medida.

La diputada perredista Inés López Chan, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, censuró la autorización del “bono de contingencia”, “porque no es verdad que se trate de una compensación cuatrimestral, y si existe ese bono está mal, porque ese tipo de beneficios no pueden darse a los consejeros, se otorgan de jefes de departamento hacia abajo; si de veras los consejeros querían ayudar a los trabajadores les hubieran otorgado la ayuda económica a ellos; los consejeros ni siquiera tienen casa en Chetumal, que fue la zona afectada por el huracán: ellos vienen a Cancún”, sentencia la legisladora.

Auditoría al Instituto de Transparencia  

El diputado del PAN Mario Rivero Leal comenta que, independientemente de la salida de los consejeros, se hace necesario que el Órgano Superior de Fiscalización audite al Instituto de Transparencia

“Depende de la voluntad de los diputados de las otras fracciones que el requerimiento salga por mayoría, pero creo que todos los partidos se van sumar, porque prácticamente ha quedado demostrado que el consejero presidente del ITAIP ha actuado con dolo y ha disfrazado, a través de la autonomía, el abuso de los recursos públicos”, asegura Rivero Leal. 

La solicitud será para que se aplique una “auditoría inmediata del periodo que llevan ejecutado hasta el momento; no es necesario esperar a que concluyan su gestión para someterlos a revisión”, explica el legislador.

Con la propuesta de reforma a la Ley de Transparencia que ingresó el diputado panista Juan Carlos Pallares a comisiones, que se suma a la del Partido Convergencia, la salida de los consejeros del ITAIP se prevé de forma escalonada, y será el consejero presidente el primero en dejar el Instituto, seguido de los vocales.

“Todos los consejeros se deben ir. Aunque entiendo que pueden impugnar la medida, debe prevalecer la cordura en ellos, no tienen porque aferrarse al puesto, pues ya quedó demostrado que han utilizado dudosamente los recursos que se les asignaron. De esta forma, se estaría abriendo una nueva convocatoria para elegir al nuevo consejero presidente en 45 días”, dice Pallers Bueno.

Marco Basilio, diputado perredista, coincide en que “el Instituto lamentablemente ha dejado mucho que desear desde su creación. Hay inquietud entre los legisladores, no a nivel de desaparecerlo, pero sí de renovarlo; no queremos poner a los consejeros en el banquillo de los acusados, sino que se lleve a cabo una reforma”, apunta. 

El legislador considera que aun y cuando las asignaciones salariales y los beneficios que se han otorgado los consejeros son legales, “éticamente no son correctas, no son bien vistas”.

Con las reformas a la Ley de Transparencia impulsadas por la fracción del PAN, el tiempo en funciones del consejero presidente se reducirá a un año, y a tres, el de los vocales, sin posibilidad de reelección; además se modificará el método de selección de los integrantes de la Junta de Gobierno, para que éstos sean elegidos de entre organizaciones y organismos civiles y cámaras empresariales, ajenos al sector gubernamental.

Apreciación mediática: ITAIP

Aún como titular del ITAIP, Carlos Bazán enfatizó que “ningún consejero está temeroso de una auditoría. Me parece que el sentir de los legisladores se basa en el manejo que la prensa ha hecho de algunos temas que han causado cierta impresión, pero que no están sustentados en documentos formales”.

Bazán Castro recordó que el ITAIP ha entregado los informes detallados del ejercicio presupuestal al Congreso, “se los dimos en la mano a Manuel Valencia Cardín (presidente de la Gran Comisión), están a disposición del Congreso, y no ha habido ni una solicitud a los consejeros para comparecer, ni para ampliar el informe o para entregar constancias de algún tipo”, sentenció.

Más allá de lo ético y lo correcto, el consejero presidente defendió el ejercicio del presupuesto, aun y cuando de los poco más de 19 millones de pesos asignados para 2007, el 72 por ciento se ha destinado a sueldos. Ante la expectativa de que el Congreso vuelva a recortar el presupuesto el próximo año, Carlos Bazán sentenció que la falta de recursos ha limitado el funcionamiento del ITAIP.

Sin embargo, aunque Bazán Castro pretende atribuir al recorte presupuestal las deficiencias del Instituto que dirige, en sus tres años de vida, éste se ha visto sumergido en el escándalo y antes que consolidarse se ha comenzado a desmantelar por la dudosa aplicación de sus recursos públicos.

Igualmente, el Instituto se ha visto rebasado incluso por las Unidades de Vinculación que se encarga de supervisar, como la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, que cuenta con trámites y estrados en línea, y que ha dotado de las mayores facilidades y opciones a los ciudadanos para acceder a los datos de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Carlos Bazán ha dicho a este respecto, que “el ITAIP está sujeto a una estricta disposición legal y en ésta no existe ninguna obligación de emplear las herramientas electrónicas para la realización de trámites”.

La accesibilidad ciudadana no  es la única materia que no atendieron los consejeros del Instituto, también está la firma de convenios con instituciones educativas, para difundir el acceso a la Transparencia, además de la realización de campañas de sensibilización y participación ciudadana para promover un Instituto que hasta ahora sólo es conocido por los privilegios de sus consejeros.

Son precisamente los magros resultados del Instituto de Transparencia y lo que el Consejero presidente refiere como una ‘percepción mediática equivocada’ los que provocaron que el Congreso del estado llamara a los funcionarios del ITAIP a rendir cuentas y a impulsar las reformas para renovarlo.

 

Publicado: Año 2 Octubre 2007 / Número 18



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