Motín y hacinamiento en cárceles del estado

A la par que la delincuencia organizada ha sentado sus reales en Quintana Roo, el sistema penitenciario del estado no atraviesa su mejor momento: saturación de cárceles municipales, falta de recursos, un indómito autogobierno, fugas y motines, han marcado la presente administración.

Según datos proporcionados a través de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se tienen registros de seis fugas de reos, dos en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, dos más en la cárcel municipal de Solidaridad, una en Benito Juárez y otra en Felipe Carrillo Puerto.

El más grave de los eventos se produjo el 8 de diciembre del 2006, cuando se amotinaron los reclusos de la cárcel de Cancún y se escaparon decenas de presos, la mayoría de los cuales fueron recapturados en los días siguientes al suceso. Finalmente las autoridades municipales registran la fuga de sólo 11 reos, de los cuales cinco fueron recuperados y seis continúan prófugos.

Tres muertos y poco más de 20 heridos fue el saldo del amotinamiento que se produjo en protesta por el traslado de una cuerda de reos al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal, entre los que figuraba el nombre de Marcos Adelaido Gallegos, alias el Padrino, y quien, de facto, tenía el control de la cárcel de Cancún.

Entre las demandas de los reclusos amotinados se encontraba la destitución del director de la cárcel, Juvenal Reyes, quien hasta la fecha se mantiene en su cargo; no obstante el acontecimiento de diciembre, y las constantes denuncias por parte de los propios internos que lo señalan de extorsión e incapacidad de hacer frente al autogobierno que rige en la cárcel cancunense.  

En su informe del 5 de marzo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQR), Gaspar Armando García Torres, dio a conocer que la cárcel municipal de Cancún obtuvo una calificación de 5.86; según el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria; mientras que el Cereso de Chetumal obtuvo  5.47 de promedio.

Tras el motín y fuga de internos de la cárcel de Cancún, la CDHQR emitió una serie de recomendaciones; a las cuales el presidente municipal, Francisco Alor Quezada, respondió que acompañara sus observaciones con recursos económicos para poder atenderlas. Con lo que demostró su nulo interés en dar solución a la problemática.

García Torres comentó que si bien ya se habían atendido parte de las recomendaciones relacionadas con el motín de diciembre, la administración de Alor Quezada, hasta la fecha, no había dado respuesta a la solicitud de realizar las investigaciones pertinentes para determinar si hubo excesos en la intervención de los custodios y los elementos de seguridad pública, por lo que se solicitó al Cabildo que realizara formalmente la petición, lo cual no se ha cumplido.

El ombudsman estatal aseguró que no obstante las desafortunadas declaraciones del presidente municipal de Cancún, se atendieron varias de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos; actualmente, dijo, la cárcel de Cancún cuenta con programas efectivos de capacitación para el trabajo y con actividades culturales que contribuyen a la readaptación, aunque se insistirá en la necesidad de aclarar si  la participación de las fuerzas del orden público fue la correcta, y de haberse producido violaciones a las garantías individuales se deben aplicar las sanciones, remarcó.

Armando García Torres reconoció que la principal problemática de la cárcel de Cancún y el Cereso de Chetumal es el autogobierno: “la autoridad ha perdido capacidad para intervenir, los internos tienen un autogobierno del cual las autoridades han sido relegadas; el problema del 8 de diciembre, en buena medida, lo propició el traslado de el  Padrino, quien fungía como el jefe de la cárcel, una vez que se fue, el orden se restableció porque existe una nueva comitiva, pero en ésta prácticamente no participa el gobierno formal”.

“Hay que reconocer que el autogobierno genera un orden, sin embargo, es un riesgo porque fortalece a los propios internos e impone sus particulares reglas”, enfatizó García Torres.   

El autogobierno, abundó el presidente de la CDHQR, permite que se cometan abusos al interior de las cárceles: “hemos recibido denuncias por parte los familiares en las que señalan que los internos sufren de extorsión por protección y trabajos obligatorios; pero cuando nos apersonamos, los presos lo niegan, porque existe un temor fundado de ser objeto de represión. Bajo esas condiciones nos faltan elementos para poder actuar”.

El funcionario agregó que las consecuencias de esto sólo  han sido señaladas y consignadas en documentos, “pero hasta ahora no tenemos elementos contundentes para llevar a cabo una denuncia de tipo penal contra nadie, contra ninguna autoridad”, enfatizó.

Población carcelaria por delitos graves

De acuerdo a las estadísticas más recientes, la población recluida en el Cereso de Chetumal y en las cárceles municipales es de 2 mil 517 internos, de éstos 492 son  procesados o cumplen sentencias por delitos graves, en tanto que otros 2 mil 25 lo hacen por delitos menores, lo que equivale a que alrededor del 20 por ciento de los internos cometieron delitos tipificados en el Código Penal como graves, entre los que figuran el homicidio, la violación y los delitos contra la salud, predominantemente, el tráfico de estupefacientes.

El procurador de justicia del estado, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo consideró que la saturación de cárceles es una consecuencia lógica del crecimiento poblacional que se corresponde con un incremento en la comisión de delitos; “además, el  mexicano se ha vuelto violento, antes el que cometía un delito lo hacía a lo mucho con un arma blanca, ahora ya cualquiera te saca un arma de fuego”, aventuró el primer abogado del estado.

“Ha habido un descontrol en las aduanas, por donde ingresan armas de todo tipo; eso facilita el acceso a éstas. Es urgente poner orden entre las autoridades aduanales, y, a la par, implementar campañas de despistolización”, asegura Bello Melchor.

Pero mientras eso sucede, la CDHQR ha girado recomendaciones por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los presos. Además de Cancún, donde el número de internos rebasa en casi tres veces su capacidad; la cárcel de Cozumel es la que peor situación reporta, ya que se trata de un sitio con capacidad para albergar a 10 personas y actualmente 84 se encuentran recluidas.

La cárcel municipal de Solidaridad recientemente fue ampliada, con lo que se alivió el problema de saturación que enfrentó durante varios años, a pesar de ello, su población se incrementa con rapidez y comienza nuevamente a verse rebasada, pues el espacio de sus dos edificios es para 196 internos y en éstos ya residen 227.

Del total de presos 957 purgan sentencias, en tanto que mil 560 se encuentran enfrentando sus procesos; 2 mil 412 son hombres y 105 mujeres. Hay además 27 indígenas. Para desahogar el hacinamiento y en cumplimento con los lineamientos de readaptación social, esta administración ha otorgado 238 preliberaciones, lo que no ha sido suficiente.

La CDHQR ha insistido en sus recomendaciones para terminar con el hacinamiento: “en Playa del Carmen se ha logrado aminorar este impacto, en Chetumal se han hecho ampliaciones y en Cancún se está a la espera de la ampliación de la cárcel municipal, hay avances, pero no son suficientes”, señaló el ombudsman.

“El hecho que las  cárceles municipales operen como mini Ceresos, sin contar con las condiciones para ello, vuelve más complicada la situación: conviven sentenciados con procesados, y en términos de recursos se carece de programas médicos, psicológicos y de un comité que pueda determinar las preliberaciones; nosotros hemos hecho hincapié en la aplicación de penas alternativas, como trabajos a favor de la comunidad, pero las mismas condiciones no lo ha hecho posible”.

Indígenas: los más vulnerables

En un estado en el que casi la cuarta parte de su población es indígena, ésta se encuentra prácticamente desprotegida al momento de enfrentar procesos legales. En 2004, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) pagó la liberación de 13 indígenas mayas; en 2005, de 35; y para el primer semestre de 2006, había contribuido a la preliberación de 14 personas, según cifras proporcionadas por esta institución.

En el caso de los indígenas, “por lo general no se les garantiza el derecho de ser asistidos por un traductor, hay enormes deficiencias en sus juicios, desafortunadamente tenemos referencia de ello cuando ya están juzgados; entonces se analizan los procesos y vemos que se han violentado sus garantías individuales”, afirmó el encargado de los Derechos Humanos en Quintana Roo.

A pesar de que la garantía de un traductor es fundamental, declaró García Torres, raramente se les provee de uno,  “ellos no hablan español y se quedan en un estado de indefensión jurídica, se la pasan compurgando una pena sin saber cuál es la gravedad del delito que cometieron, o se les dicta sentencia porque no tuvieron oportunidad de defenderse; es una realidad lamentable”.

Sin recursos

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Prevención y Readaptación Social, el año pasado, el gobierno del estado triplicó los recursos destinados al Cereso de Chetumal, y su presupuesto pasó de 4 millones 200 mil pesos en 2005 a 15 millones 400 mil pesos; una cifra por demás ridícula.

Mantener a los internos dentro del Cereso de Chetumal implica para el estado un gasto de 25 pesos diarios sólo por alimentación, se precisa en el informe, aunque no se especifica el monto de lo que se requiere para cubrir lo relacionado con la administración y funcionamiento del Centro de Readaptación Social.

En 2006, la cárcel de Cancún operó con un presupuesto de 31 millones 414 mil pesos, superando casi en seis millones los 24 millones 920 mil del 2005. Lo anterior  fue apenas suficiente para cubrir el gasto corriente de la penitenciaria.

La cárcel municipal de Playa del Carmen, la tercera en número de población, enfrenta mayores limitaciones, ya que en 2005 sólo recibió un millón 908 mil pesos de presupuesto; mientras que en el 2006, dos millones 082 mil pesos.

Publicado: Año 2 Octubre 2007 / Número 18